Lecciones de la Pandemia: URGENTE RENTA BÁSICA

Cuando todo esto comenzó, múltiples voces alertaban que a la crisis sanitaria le seguiría una económica cuya profundidad e impacto sobre la población dependería de la manera cómo respondan los gobiernos en cada uno de los países;  en este sentido, si lo que establece la Constitución fuera parte de las convicciones de la clase política ecuatoriana, frente a la magnitud del desastre no se habría dudado en establecer una renta básica de emergencia para garantizar el derecho a la alimentación y, para proteger el empleo, el pago parcial de salarios privados con recursos públicos.

Efectivamente, según lo establecido en el Art. 3, numeral 1, de la Carta Magna, el Estado tiene el deber primordial de “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social”. 

Sin embargo, las funciones Ejecutiva y Legislativa optaron por alternativas ortodoxas que se concentraron en el recorte del gasto fiscal y en facultar la reducción de costos laborales en el sector privado a través del recorte de salarios, de jornadas o despidos; los resultados son dramáticos, alrededor de novecientos mil plazas de empleo pleno se perdieron o se trasformaron en subempleo (trabajo a tiempo parcial o insuficientemente remunerado), 700 mil ecuatorianos adicionales están en el desempleo, más de 300 mil  se han desafiliado de la seguridad social, miles de ecuatorianos mueren por falta de atención médica y al menos el 50% de estudiantes ha quedado al margen del sistema educativo por falta de herramientas tecnológicas y conectividad.

Estas cifras se vuelven tangibles cuando se recorre las calles de las ciudades invadidas por la mendicidad y las ventas ambulantes, cuando cada vez son más las personas conocidas que fueron despedidas de sus trabajos, cuando los locales comerciales cierran por el colapso de las ventas, cuando escasean las medicinas para paliar las dolencias de quienes padecen enfermedades catastróficas, en fin, cuando se generaliza la desesperanza. 

Frente a esta realidad, no puede ni debe ser suficiente la permanentemente incumplida oferta política de “vamos a recuperar la economía y generar millones de empleos” porque mientras eso sucede decenas de miles habrán muerto por falta de atención médica, centenas de miles no tendrán acceso a ningún tipo de educación y millones no encontrarán manera de procurarse alimento suficiente para satisfacer necesidades nutricionales mínimas.

Es un imperativo moral y ético establecer en lo inmediato la “Renta Básica de Emergencia” para garantizar que todos los ecuatorianos tengan un ingreso mínimo que los ubique fuera de la línea de la pobreza y explorar la factibilidad de una “Renta Básica Universal” que satisfaga los objetivos de erradicar la pobreza, posibilitar que las personas desarrollen capacidades similares para que sea efectiva la igualdad de oportunidades y contribuir a elevar la competitividad del aparato productivo.

Hay que trabajar consistentemente para que la norma constitucional deje de ser un canto poético a una utopía y se convierta en mandato de acciones concretas que permitan un avance cotidiano hacia una esa sociedad sin brechas e injusticias sociales, a esa sociedad en la que la gran la mayoría viva cada vez mejor, aunque eso signifique el sacrificio de los excesos de unos pocos.

REVOLUCIONAR LA REVOLUCIÓN CIUDADANA: TAREAS PARA LOS MILITANTES Y SIMPATIZANTES “NO CANDIDATOS”

Hace pocos días, en un medio de comunicación local de Manabí, el conductor de un programa reclamaba indignado que UNES no incluya en su lista de candidatos para asambleístas a una joven mantense cuyo trabajo político, durante años, había sido consistente y congruente con los postulados de la Revolución Ciudadana, añadía al comentario que esperaba se la considere para ocupar algún cargo relevante, si el binomio del Movimiento gana las elecciones.

Este hecho evidencia la creencia generalizada de que la acción política se limita al ámbito electoral y que la motivación del militante es ocupar un cargo de elección popular o ser nombrado para alguno en caso de que su organización gane las elecciones; ni lo uno ni lo otro debería ser asumido por los ciudadanos que pretendan contribuir a que se operen profundas transformaciones socioeconómicas.

La razón es que la acción de un gobierno democrático solo llega hasta el punto en el que encuentra respaldo ciudadano suficiente para mantenerse en el poder, este respaldo está ligado al sentido común dominante (cultura) en la sociedad, es decir, a una serie de convicciones colectivas que, consciente o inconscientemente, explican y justifican la situación en la que se encuentran los miembros de una comunidad, con lo que se minimiza la posibilidad de protesta; ejemplo, creer que alguien es pobre porque no trabaja lo suficiente explica y justifica la pobreza, a la vez que inmoviliza porque esconde el hecho de que el sistema no ofrece las mismas oportunidades para todos, incluso niega a muchos la posibilidad de acceder a un trabajo que provea de ingresos suficientes para vivir con dignidad. 

Para que se produzcan transformaciones sociales profundas es indispensable asumir la tarea de revolucionar el sistema de creencias y valores que rige la dinámica social, en consecuencia, el trabajo político más relevante está relacionado con el cambio de la matriz cultural, con la preparación de la ciudadanía para ejercer un orgánico y disuasivo control a los mandatarios con el objetivo de que permanezcan fieles a los intereses mayoritarios y con la formación de militantes para que, cuando sean requeridos en la función pública, puedan implementar una agenda transformadora de largo aliento. 

En consecuencia, los actores políticos no son solo los candidatos o quienes ocupan cargos públicos, sino todos aquellos que orgánicamente se involucran en la difusión de un determinado credo que consideran debe comulgar la sociedad; lamentablemente, con la idea de la democracia representativa en mente, la organización social se ha ido limitando a la participación electoral y, como dije antes, para tener posibilidades de triunfo en las elecciones, el discurso de campaña debe ser moderado e ir solo hasta donde el sentido común dominante lo pueda tolerar.

Entonces, si queremos radicalizar la Revolución Ciudadana es fundamental revolucionar el sentido común de los ecuatorianos y eso demanda que muchos militantes dejemos de lado aspiraciones personales, como ser candidatos o funcionarios de gobierno, para dedicarnos a la organización social que asuma como misión el cambio de la matriz cultural, requisito sine qua non para que sean factibles las transformaciones profundas que son necesarias para convertir al Ecuador en el país de la solidaridad, de la igualdad y de la justicia social.

Mientras tanto, es nuestro deber, respaldar a todos los candidatos que, en medio de tantos obstáculos y limitaciones, se podrán postular para retomar el proceso que quedó trunco en 2017, pero, con la experiencia vivida, debemos diseñar los mecanismos necesarios para forzar a todos aquellos que sean electos como parte del proyecto político a mantenerse leales al postulado fundamental de subordinar los intereses del capital a los de los ciudadanos, fundamentalmente, a lo de los sectores populares.

EDUCACIÓN: La obligatoria gran transformación

Antes de la pandemia, los grandes retos para los sistemas educativos eran: alcanzar la cobertura universal en entornos seguros, desarrollar las aptitudes necesarias para enfrentar los desafíos que plantea el siglo XXI y cultivar las actitudes funcionales a una vida feliz.

El COVID19 sorprendió al mundo en medio de un profundo debate alrededor de la efectividad de la educación convencional para lograr los objetivos mencionados, así como, en plena experimentación con metodologías alternativas que ponían énfasis en el aprendizaje autónomo del estudiante con una eficaz tutoría docente, el uso intensivo de herramientas tecnológicas (software y hardware) y el internet como fuente primaria de consulta.

Por su parte, los sistemas educativos latinoamericanos abandonaron la “normalidad” después haber logrado importantes avances en materia de cobertura, pero con un enorme déficit en resultados del aprendizaje que se evidenció, por ejemplo, en la reconocida prueba PISA, aplicada por la OCDE, en la que Chile tuvo el mejor desempeño de la Región con puntajes en lectura, matemáticas y ciencias inferiores al promedio general de los países evaluados.  

En este contexto, las medidas de distanciamiento social, a las que se vieron forzados los gobiernos para controlar la pandemia, provocaron que casi todos los ministerios de Educación latinoamericanos recurran a herramientas digitales y a la conexión a internet para procurar sostener el esquema educativo en curso, es decir, la respuesta a la crisis fue conservadora en el sentido de que se pretendió mantener lo convencional con algunas adaptaciones tecnológicas, fue como intentar poner un motor de Ferrari de última generación a una carrocería de un auto clásico, simplemente no funcionó ni funcionará.

En la práctica, lo que se avizora para la Región es un retroceso en cobertura y calidad, cobertura porque muchos estudiantes no disponen de los recursos para adquirir dispositivos electrónicos y conectividad, mientras tanto la calidad es golpeada porque se está implementando un formato educativo en el que se trasladan las normalmente ineficientes clases presenciales a improvisadas aulas virtuales con maestros escasamente capacitados en metodologías de educación a distancia.

Si la realidad pre-pandemia ya exigía cambios radicales en los sistemas educativos para cerrar la profunda brecha de conocimiento que nos separa de los países con mayor desarrollo relativo, el COVID19 nos plantea retos aún mayores para garantizar la inclusión con protección integral de los estudiantes y aprendizaje de calidad; es decir, hay que actuar no solo por las urgencias derivadas de la propagación del virus sino porque previamente ya se clamaba por una transformación profunda.

Los indicios sobre la dirección que debe asumir esta transformación los descubriremos mediante el análisis de los factores determinantes del éxito de países como Finlandia que con unas cuantas décadas de trabajo sostenido logró posicionar a su sistema educativo como uno de los mejores del planeta y en el estudio de experiencias alternativas a las convencionales que se venían desarrollando prometedoramente en nuestra Región.

Lo cierto es que con o sin pandemia el objetivo de lo autoridades educativas no puede ni debe ser retornar a la “normalidad” de los mediocres sistemas educativos. La imposibilidad se fundamenta en la opinión de los expertos que sostienen que la medida preventiva más efectiva para evitar contagios y muertes, hasta que la vacuna esté disponible para la mayoría de la población, es mantener el mayor distanciamiento social posible es, esto implica que, por lo menos hasta finales del 2021, la asistencia presencial a clases debería estar sumamente restringida con el objeto de proteger la vida de los miembros de la comunidad educativa.

Entonces, en un entorno que ha variado radicalmente y en el que se demanda respuestas estatales estamos frente a una gran oportunidad para implementar una auténtica Revolución Educativa o para profundizar nuestra fe pidiendo un milagro que nos devuelva al pasado.

A la búsqueda de permanencia de los estudiantes en el sistema se debe sumar la de lograr los objetivos de aprendizaje que se planteen para dotar a los estudiantes de las competencias fundamentales para un adecuado desenvolvimiento en este siglo plagado de incertidumbre, para el efecto, es necesario una transformación radical del modelo pedagógico. 

En medio de la crítica situación actual se debe declarar en emergencia a la Educación en cada uno de los países y emprender una cruzada regional para sostener el incremento de cobertura y calidad de la educación pública. 

Como se dijo, en un nuevo modelo pedagógico que pretenda ser efectivo, habrá que poner el aula al revés, esto implica dotar de mayor protagonismo al estudiante e incrementar las capacidades motivadoras y de acompañamiento de los docentes; es decir, los maestros deben asumir la tarea de provocar apetito de aprendizaje en sus estudiantes y ser su guía en el proceso de descubrimiento, la era de la simple transmisión de contenido curricular debe terminar.

En este sentido, les corresponde a los ministerios de Educación acopiar, desarrollar y sistematizar material suficiente al que estudiantes, padres de familia y docentes puedan acceder para impulsar el aprendizaje autónomo sin descuidar la concepción de espacios seguros de interrelación social que contribuyan a la formación; el proceso se irá perfeccionando y obtendrá mejores resultados en la medida que los actores de la educación asimilen el nuevo paradigma. 

En un nuevo modelo pedagógico, basado en la exploración y descubrimiento por parte del estudiante, será ineludible el uso de tecnología (hardware, software e internet) por lo que la inclusión y permanencia en el sistema demanda, como dije en un anterior editorial,  de “voluntad política de los gobernantes para, en medio de la escasez de recursos, garantizar que cada estudiante disponga de un dispositivo inteligente y de puntos de conectividad en espacios públicos, muy cercanos a los domicilios, en los que se deberá establecer estrictos protocolos de seguridad.”

Todo lo anterior no será suficiente, como nos ilustran las experiencias de transformación efectiva de sistemas educativos, sin dotar al talento humano de las capacidades y competencias necesarias; evidentemente, la formación de la planta docente en nuestros países es insuficiente y  demanda mayor preparación, por lo que es urgente que el Estado implemente un ambicioso programa intensivo de formación y capacitación, bajo la modalidad del “aprender haciendo”, para, conforme el título del libro de Jonathan Bergmann y Aaron Sans , “poner el aula de cabeza”.

Entre los componentes fundamentales de este programa debe considerarse la implementación de una maestría de investigación en innovación pedagógica en cuya implementación se deben incluir académicos de altísimo nivel que desarrollen actividad docente y dirijan investigación orientada al desarrollo de innovaciones pedagógicas que enriquezcan el nuevo modelo educativo, también será fundamental, tener escuelas de prácticas docentes articuladas a esta oferta de postgrado y convertir a los maestrantes en mentores de la implementación de las innovaciones en sus respectivos planteles educativos.

En el caso del Ecuador, la dotación de equipamiento y conectividad para todos los estudiantes, el desarrollo de material para la implementación del currículum y la formación de 5.000 mentores educativos que posibiliten el cambio de modelo, requeriría de una inversión aproximada de entre 750 y 1.000 millones de dólares.

Esta inversión es ineludible y es posible hacerla, la gran transformación es una asignatura obligatoria

RENTA BÁSICA: UN PUNTO DE ENCUENTRO

Desde que la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, enarboló los principios de libertad, igualdad y fraternidad (solidaridad), estos se constituyeron en los ejes alrededor de los cuales giró la lucha política hasta nuestros días.

Así, durante el siglo XX, en el imaginario colectivo se asociaron los conceptos de capitalismo con la libertad y socialismo con la igualdad, considerando la fraternidad (solidaridad) tan solo un elemento subsidiario de los modelos dominantes de organización socioeconómica. Los detractores del socialismo argüían que en la búsqueda de igualdad se perdía libertad, quienes denostaban al capitalismo sostenían que la desigualdad correspondía a la genética misma del sistema, mientras tanto, los defensores de cada parte se esforzaban por demostrar que en su modelo era posible la convivencia de libertad e igualdad.

Los Estados Unidos de Norteamérica se erigía como el adalid de la libertad, en tanto que, la Unión Soviética portaba el estandarte de la igualdad; por su parte, para mitigar los problemas sociales y la amenaza socialista, el capitalismo europeo construyó el Estado de Bienestar asociado al principio de fraternidad (solidaridad) y en los países nórdicos el socialismo asumía elementos democráticos para revestirse de libertad

El colapso del socialismo soviético avivó la hoguera neoliberal que asumió el fracaso socialista como la máxima evidencia de la validez de sus postulados libertarios y arremetió con fuerza para consolidar la idea de que la absoluta libertad económica es la fuente primaria del progreso, lo que implicó el desmontaje de los sistemas de redistribución de renta y riqueza en casi todo el mundo; entonces, con el desacoplamiento del principio de la fraternidad, el capitalismo navegó sin velas, guiado solo por la corriente de maximización de ganancias, hacia el reino de la desigualdad extrema, hacia el mundo cuya propiedad le corresponde al  1% de la población. 

La pandemia COVID19 evidenció las debilidades de un sistema capitalista que, en casi todos los países, había desestructurado la institucionalidad estatal llamada a atender este tipo de emergencias e hizo patética la vulnerabilidad económica de la mayoría de habitantes del planeta que ahora ven como cierta la posibilidad de que sus condiciones materiales desmejoren hasta niveles antes inimaginables.

En este contexto, surge como sentido común que es ineludible la presencia del Estado como garante de derechos fundamentales, por lo que ya nadie discute su responsabilidad en la consolidación de sistemas de salud pública gratuita con cobertura universal y son cada vez más contundentes las voces que abogan por el establecimiento de una renta básica para que todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho a vivir. 

En principio, los gobiernos, sin distingo de tinte ideológico, se han visto forzados a realizar transferencias monetarias directas a sectores poblacionales golpeados por la pandemia y organismos como la CEPAL impulsan el establecimiento de una renta básica de emergencia; el COVID19 trajo muerte y dolor, pero quizá también abrió la mente de la clase política para entender que la pobreza tiene causas sistémicas y no es consecuencia de la falta de esfuerzo de los individuos.

De esta forma, parecería que, en el camino de mitigar la pobreza derivada de la crisis sanitaria, la sociedad cayó en cuenta que existe una pobreza crónica que debe ser erradicada y, para el efecto, se vuelve imperativo recuperar el principio de la fraternidad (solidaridad) como condición sine qua non para el goce de una verdadera libertad que solo es factible cuando existen condiciones de igualdad o, mejor dicho, de la menor desigualdad posible.

El punto es que no se puede llamar libre una sociedad en la que una buena parte de sus miembros no puede siquiera satisfacer su voluntad de alimentarse adecuadamente por falta de recursos económicos mientras que otros llegan a un libertinaje sin límites de consumo y desperdicio; entonces, para que la libertad sea, se requiere de suficiente fraternidad para repartir justamente la riqueza y, así, los individuos se desenvuelvan en un entorno con mayor igualdad de expectativas y oportunidades.

La renta básica universal como herramienta para derrotar definitivamente la pobreza puede convocar a un amplio espectro político, por ejemplo, liberales de centro junto a socialistas de todos los matices, para atender las urgencias sociales de estos tiempos poniendo y refrescar los principios de la revolución francesa proclamándolos con el siguiente orden causal: FRATERNIDAD (SOLIDARIDAD), IGUALDAD Y LIBERTAD.

LA EDUCACIÓN EN ESTADO CRÍTICO Y SIN CUIDADOS INTENSIVOS

El 12 de marzo de 2020 el alcalde de Quito, Jorge Yunda, declaró al Distrito Metropolitano en emergencia sanitaria y se auto atribuyó la competencia de suspender las clases en todos los planteles educativos de su jurisdicción, esto produjo la reacción inmediata de la ministra de Educación, Monserrate Creamer, replicando la medida en todos los cantones de Sierra y Amazonía pretendiendo conservar la rectoría del sistema educativo.

Es decir, la primera decisión tomada por la Autoridad Educativa Nacional en el marco de la pandemia, tuvo motivaciones políticas y abrió un camino lleno de yerros e improvisaciones que se mantienen, dando cuenta de que no existe un diagnóstico adecuado de la situación y que falta claridad en los objetivos fundamentales que se deben perseguir; parecería que están esperando un milagro que permita retomar la normalidad perdida, una normalidad en la que ya se sentía el debilitamiento de la educación pública lo que se agravó con la pandemia.

Podría ser comprensible la falta de preparación inicial del Ministerio de Educación para enfrentar un evento adverso que adquirió una magnitud insospechada por casi todos, pero cinco meses después es inadmisible que el sistema educativo siga conduciéndose con palo de ciego y, en la práctica se deje en manos de cada uno de los planteles educativos la búsqueda de soluciones. La política pública educativa en tiempos de pandemia puede sintetizarse diciendo que no existe política pública y que el Ministerio toma acciones inconexas presionado por las circunstancias, estamos en tiempos de que: ¡ESTUDIE EL QUE PUEDA, COMO PUEDA Y DONDE PUEDA!

Para superar esta incertidumbre, la política educativa en estos tiempos de crisis sanitaria debe plantearse en orden de prioridad, los siguientes objetivos fundamentales:

  1. Cuidar la vida de los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y familias).
  2. Garantizar la permanencia en el sistema educativo de todos los niños, niñas y adolescentes.
  3. Maximizar el aprendizaje programado para cada uno de los niveles educativos.

En este sentido, los expertos sostienen que la medida preventiva más efectiva para evitar contagios y muertes es mantener el mayor distanciamiento social posible, hasta que la vacuna esté disponible para la mayoría de la población, esto implica que, por lo menos hasta finales del 2021 la asistencia presencial a clases debería estar sumamente restringida con el objeto de proteger la vida de los miembros de la comunidad educativa.

Así, el proceso pedagógico necesariamente tiene que anclarse en el aprendizaje autónomo del estudiante con una intensa tutoría docente y la coparticipación parental para lo que se requieren herramientas tecnológicas (software y hardware), conectividad, capacitación docente y orientación a padres/madres de familia.

Considerando que, según la Encuesta Multipropósito 2018 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, solo el 37,2% de los hogares ecuatorianos tenía acceso a Internet y apenas el 50% de la población mayor a 5 años había usado una computadora en los doce meses previos a la aplicación de la encuesta; lograr el objetivo de permanencia en el sistema demanda de voluntad política para, en medio de la escasez de recursos garantizar que cada estudiante disponga de un dispositivo inteligente y de puntos de conectividad en espacios públicos muy cercanos a los domicilios, en los que se deberá establecer estrictos protocolos de bioseguridad.

En las circunstancias actuales, los equipos tecnológicos para educación deben ser considerados como bienes de primera necesidad y el internet como un servicio básico; en su provisión deben concertarse todos los niveles de gobierno y le corresponde a la Autoridad Educativa Nacional definir los estándares que se ajusten a los requerimientos de la metodología pedagógica que se asuma, es fundamental que el Ministerio de Educación asuma el liderazgo en esta materia y comience a actuar buscando hacer posible lo que en principio parece imposible.

La entrega indiscriminada de dispositivos electrónicos sin previamente definir un modelo educativo que explote positivamente las herramientas tecnológicas es de poca ayuda para alcanzar los objetivos de aprendizaje que están establecidos para cada uno de los niveles educativos; es un engaño social decir que está en curso un año lectivo con la simple disposición de que los docentes trasladen sus clases convencionales presenciales a sesiones telemáticas y envíen muchísima tarea a los estudiante.

Es decir, a la búsqueda de permanencia de los estudiantes en el sistema se debe sumar la de lograr los objetivos de aprendizaje, para el efecto, es necesario una transformación radical del modelo pedagógico, de lo que halaremos la próxima semana.

ELECCIONES 2021: Un “Déjà Vu”

Este es uno de los momentos más trágicos de la historia del Ecuador, a la dolorosa muerte de decenas de miles de compatriotas se suma el atroz recrudecimiento de la pobreza y la sensación generalizada de que agoniza aquella cercana época en la que la mayoría de los ciudadanos creía firmemente que su situación material tendería siempre a mejorar. En medio de la incertidumbre aparecen las elecciones 2021 como un salvavidas al que el país intenta aferrarse con la esperanza de que se produzca un milagro que nos devuelva confianza en el futuro.

En los próximos días, los partidos y movimientos políticos nominarán a los candidatos llamados a “salvar la Patria” y, estos, en una campaña electoral sui generis, intentarán mostrarse como los idóneos para sacar adelante el país; sin embargo, hasta ahora, todos los aspirantes sostienen su posición en los repetidos postulados que signaron la política ecuatoriana durante los últimos veinte años, ninguno se ha atrevido a hacer una propuesta que ilusione y patee el tablero electoral, tal como sucedió en 2006 con Rafael Correa Delgado.

Esto no debe extrañar a nadie porque, así como las crisis solo hacen patéticamente evidentes los problemas que se venían acumulando, en los procesos electorales únicamente se profundizan los debates o confrontaciones que previamente se estaban dando; así, esta campaña electoral se perfila con un libreto similar al de las dos elecciones pasadas, el correísmo sosteniendo su tesis de “los seres humanos sobre el capital” para lo que oferta un Estado con capacidad de regulación y control, el anti correísmo derechista dando guerra al Leviatán (Estado), según ellos, encarnado en Rafael Correa y sus adláteres, mientras, el anti-correísmo de izquierda protegiendo un espacio con el argumento de que el correísmo no es suficientemente radical, fundamentalmente en temas asociados a la protección ambiental. En este contexto de ausencia de nuevas propuestas seductoras, estamos en vísperas de intensas batallas orientadas a la deslegitimación de los adversarios apelando con mayor crudeza al argumento de la corrupción.

Esta será una campaña radical en el ataque personal a los contendientes y muy moderada a la hora de decir cómo resolver los problemas del país, seguramente, no se escuchará a los progresistas frontalmente sostener que el sector social (Salud, Educación, etc.) demanda de recursos que solo pueden provenir de una profunda reforma tributaria porque los ingresos petroleros y el financiamiento externo serán insuficientes para garantizar derechos fundamentales; mientras tanto, la derecha no dirá que para minimizar el Estado pretenderá trasladar operaciones al sector privado, incluso la educación pública y los sectores estratégicos.

Sin nada nuevo bajo el sol, con la desesperanza a flor de piel y con la añoranza de la normalidad perdida crece la probabilidad de que el Ecuador se decante por la propuesta que le significó diez años de estabilidad política y mejora de las condiciones de vida; parecería que las condiciones actuales no dan para nuevos experimentos fallidos como el de Quito cuando eligió al “outsider” Mauricio Rodas.

Con este contexto, el progresismo no se puede conformar tan solo con ganar las elecciones 2021, es necesario sembrar un nuevo sentido común que dote de factibilidad electoral a propuestas radicales como por ejemplo la renta básica universal, financiada con tributos a las grandes fortunas, como instrumento para erradicar definitivamente la pobreza; en estos tiempos en los que muchos buscan ser candidatos, debemos valorar y organizar a aquellos que quieren dedicarse a cambiar convicciones sociales y consolidar el sentido común que permita la gran transformación.

LEY DE APOYO HUMANITARIO: MUNICIÓN DE SALVA PARA LA BATALLA ECONÓMICA

Después que la Asamblea Nacional debatiera durante tres días el proyecto de “Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID19”, remitido con el carácter de urgente en materia económica por el Ejecutivo, queda una sola conclusión: el poder político permanece cautivo del poder económico y, en consecuencia, lo humanitario queda subordinado a las finanzas de los grupos económicos, es decir, a los intereses de los dueños de grandes capitales.

Parecería que no existe conciencia de que estamos frente al episodio más dramático de la historia del país porque, por un lado, nunca tuvimos una mortandad de esta magnitud y, por otro, el impacto negativo en la economía puede ser mucho más profundo que el de 1.999 cuando hubo un decrecimiento económico de 4.7% que implicó la emigración de alrededor de 1 millón de ecuatorianos en el periodo 1.999-2008.

Las estimaciones económicas dan cuenta que la contracción en este año sería bastante superior a la de 1.999 con el agravante de que la pérdida de empleo no tendrá como válvula de escape la dolorosa salida masiva de compatriotas al exterior, por lo tanto, en ausencia de medidas económicas paliativas, el crecimiento de la desocupación se traducirá automáticamente en enorme incremento de pobreza que puede derivar en una convulsión social de impredecibles consecuencias.

En este contexto, la “Ley Orgánica de Ayuda Humanitaria” podría constituirse en una parte importante, solo una parte, de un programa económico orientado a evitar que el periodo recesivo sea muy profundo y largo, además, que los costos sociales sean irreparables y traumáticos. Para el efecto, esta Ley debe garantizar que todos los ecuatorianos tengan un ingreso mínimo vital que les permita alimentarse adecuadamente y que las empresas dispongan de suficiente liquidez para sostener su planta de trabajadores, aun cuando se vean obligadas a mantenerse inactivas durante un periodo relativamente prolongado.

Para satisfacer los objetivos propuestos, es ineludible que la Ley deba establecer contribuciones especiales orientadas a financiar el incremento de transferencias estatales directas a las personas en situación de vulnerabilidad y regular rigurosamente al sistema financiero para canalizar el crédito indispensable a las empresas para palear su iliquidez.

Antes del estallido de la crisis sanitaria la incidencia de la pobreza en la población ecuatoriana era del 25% y, en el escenario de un periodo prolongado de aislamiento social sin medidas económicos anticíclicas, en unos pocos meses pudiera fácilmente escalar al 50%; esto significaría que alrededor de 9 millones de ecuatorianos requerirían de ayuda humanitaria para poder alimentarse. Esto implica la obligación del Estado de dotarse de la capacidad para proveer a cada una de las personas en condición de pobreza de una renta básica equivalente a aproximadamente 50 dólares mensuales, lo que sumarían 5.400 millones anuales.

En el presupuesto 2020 se contempló destinar un monto de 1.180 millones de dólares al rubro de “Transferencias y Donaciones Corrientes” mismos que estarían financiados, según los anuncios presidenciales y la información proporcionada por los ministros de Estado en sus comparecencias a la Asamblea Nacional, entonces, para que esta Ley tenga real trascendencia le corresponde establecer las fuentes de recursos para lograr una recaudación adicional del orden de 4.220 millones de dólares; cifra sustancialmente superior a lo establecido en el insuficiente proyecto presentado por el gobierno.

Existen varias alternativas para el financiamiento del indispensable ingreso mínimo vital, por ejemplo, bastaría con recuperar las obligaciones tributarias en firme pendientes de pago al SRI, gravar con el 2% a los ingresos brutos de los grupos económico, con el 1% a los patrimonios superiores al millón de dólares y con el 80% al excedente de ingresos superiores a 5.000 dólares mensuales.

Este cometido solo podrá concretarse si se asume que es necesario plantear como causa nacional la construcción de una sociedad sin pobreza y sin extrema riqueza, parafraseando al Nobel Joseph Stiglitz, hay que lograr que “…la vida de clase media sea…un ideal alcanzable para toda la sociedad”, y esto comenzaría con la garantía del derecho a la alimentación mientras dure la crisis provocada por la pandemia del COVID19.

Lamentablemente, parecería que el Gobierno Nacional está cercado por codiciosos intereses de las élites económicas poco dispuestas a aportar y que la Asamblea no se atreverá a desafiarlos límites impuestos por el Ejecutivo, así, si la “Ley Orgánica de Apoyo Humanitario” es aprobada por el Legislativo contendrá solo munición de salva que en poco ayudará a librar la dura batalla económica a la que estamos convocados.

LA BATALLA ECONÓMICA (PARTE III) SE LA PUEDE GANAR PERO SE NECESITA ESTRATEGIA

En los artículos anteriores concluimos que para combatir la pandemia será necesario transferir los recursos que sean necesarios al sector de la salud y deberemos mantener el mayor tiempo posible el aislamiento social, además, para minimizar el impacto económico es prioritario que el Ejecutivo estimule el consumo mediante el pago puntual de las remuneraciones de los funcionarios, la provisión de una renta básica al 25 % de la población ecuatoriana que se encuentra en condiciones de pobreza y dejamos pendiente el análisis de los mecanismo para garantizar liquidez al aparato productivo con el objetivo de proteger el empleo.

Lo anterior implicaba que la caja fiscal requiera para este año financiamiento por alrededor de 10.000 millones de dólares que podría provenir de una reducción de la inversión pública, de la suspensión de pagos de la deuda pública y, la diferencia,  mediante una contribución por parte de los grupos económicos y grandes contribuyentes.

A las necesidades de recursos por incremento de gastos se suman los derivados de la disminución de ingresos que, según el ministro de Finanzas, Richard Martínez, será de 4.300 millones que corresponden a 2.500 millones por ingresos petroleros y 1.800 millones por ingresos tributarios; el mismo ministro, aseguró que ya se han hecho recortes presupuestarios por 1.400 millones y que hasta mayo se acreditarían 3.000 millones de dólares a las cuentas fiscales por concepto de créditos acordados. Es decir, la disminución  proyectada de ingresos fiscales estaría prácticamente cubierta con la contratación de deuda y recortes de gasto.

Sin embargo, hay que tomar precauciones en caso de que no se concrete el financiamiento externo y la principal alternativa es reprogramar las “transferencias y donaciones” a la seguridad social previstas para este año, monto que asciende a 2.000 millones de dólares, que el fondo de pensiones no lo requiere de inmediato.

Por otro lado, en la Proforma Presupuestaria 2020 se incluyó un rubro de alrededor de 500 millones de dólares para el pago de laudos arbitrales internacionales desfavorables para el Ecuador que debe ser reasignado para atender la emergencia pues, dada la situación mundial, lo más probable es que no se agoten con prontitud los recursos legales que interpone el Estado ecuatoriano o porque, frente a un potencial fallo definitivo en contra del país de los tribunales internacionales, existe suficiente motivación para no pagar ni un solo centavo en este año.

También, atendiendo a que todos aportemos para enfrentar de la mejor manera la crisis y con el criterio de progresividad hay que establecer un gravamen a las mayores fortunas del Ecuador, así, un impuesto del 1% al patrimonio personal de quienes tengan una riqueza superior a un millón de dólares generaría un flujo de efectivo de más de 200 millones para atender las urgencias.

En resumen, el gobierno nacional requiere financiamiento por aproximadamente 14.500 millones dadas las necesidades que se establecieron en la proforma presupuestaria aprobada antes del inicio de la pandemia, por los gastos adicionales que demanda la emergencia y por la reducción de ingresos derivada tanto de la contracción de los precios del crudo, como de la recaudación tributaria.

Por su parte, toda esta brecha fiscal es posible cerrarla mediante financiamiento externo de organismos internacionales que habrían comprometido su apoyo, con la contribución especial de quienes poseen las más grandes fortunas del  país, el recorte de inversión pública que puede ser reprogramada sin afectar derechos ciudadanos, la reducción de algunos gastos y, fundamentalmente, la reprogramción de los pagos relativos a la deuda pública planificados para este año.

Existen otras medidas que le generarían importantes recursos adicionales al fisco pero que no las analizaremos en esta parte porque su implementación tiene como  objetivo frenar el drenaje de divisas hacia el exterior y no el de lograr mayor recaudación. En los próximo artículos me referiré a la necesidad de cerrar la brecha externa y de dotar de liquidez al aparato productivo para proteger el empleo.

En conclusión, sí es posible manejar la caja fiscal para atender la emergencia cuando se asume que los eternos privilegiados deben aportar sustancialmente, que el capital financiero esta vez tendrá que esperar por sus retornos y que todos debemos estar dispuestos a contribuir.

 

 

LA BATALLA ECONÓMICA (PARTE II): CERRAR LA BRECHA FISCAL SIN ESTRANGULAR A LA MAYORÍA

En el artículo anterior sostuve que para enfrentar la crisis sanitaria y minimizar su impacto económico, las tareas inmediatas que debe emprender o sostener el Gobierno son canalizar los recursos necesarios hacia el sistema de salud para que pueda operar adecuadamente en el contexto de la emergencia y mantener el nivel de consumo de la población; para lograrlo se debe asumir que estamos en una suerte de “economía de guerra” y que buena parte de las soluciones a los problemas provendrán de la gestión heterodoxa de los recursos fiscales, así como, de una inteligente regulación del sistema financiero para orientarlo a apuntalar el sector productivo.

El punto de partida es incrementar el presupuesto del sector salud al menos hasta el 4% del Producto Interno Bruto -PIB-, monto que debió constar en la Proforma Presupuestaria 2020 para cumplir con la Constitución, esto implicaría una asignación adicional de 528,65 millones de dólares. En principio, el tema estaría resuelto porque tanto el presidente, Lenín Moreno, como el ministro de Finanzas, Richard Martínez, afirmaron que contaban con 250 millones de dólares provenientes de la reasignación de un crédito contratado previamente con el Banco Interamericano de Desarrollo-BID- y 500 millones que se habrían acordado con el Fondo Monetario Internacional -FMI- para atender la emergencia sanitaria.

En lo relativo a dotar de capacidad de compra a la población, hay dos acciones fundamentales que se deben impulsar desde las finanzas públicas; la primera, pagar puntualmente las remuneraciones de los funcionarios y, la segunda, dotar de una renta básica a la población cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza, lo que demanda un esfuerzo fiscal no previsto para este año equivalente a alrededor de 3.000 millones de dólares adicionales a los 1.179 millones que ya se transfieren a sectores vulnerables.

Aquí aparecen las primeras restricciones porque el presupuesto 2020 partía con una necesidad de financiamiento de 6.664 millones de dólares, es decir, si se suma el valor correspondiente a la renta básica propuesta será imperativo financiar cerca de 10 mil millones de dólares para lo que se deberá recurrir al recorte de egresos y a establecer nuevas fuentes de ingresos.

Tristemente la primera variable que debe ajustarse es la inversión pública, la misma que podría reducirse en al menos 1.000 millones de dólares si se postergan todos los proyectos que se pueden reprogramar sin poner en riesgo los derechos básicos de los ciudadanos; en este sentido, lo asignado para Salud y Educación es intocable, después, en la medida de lo posible, hay que conservar los proyectos de infraestructura por la capacidad dinamizadora que tiene la industria de la construcción.

La segunda variable es la amortización y pago de intereses de la deuda pública programada para el resto del año porque es evidente que por fuerza mayor no se podrá cumplir con los pagos previstos, por lo tanto, el país está forzado a iniciar urgentemente un agresivo proceso de renegociación, la suma de estos rubros asciende a 7.735 millones.

En síntesis, el recorte de la inversión pública sumada a la reprogramación de las obligaciones relacionadas con la deuda pública dejaría un saldo presupuestario del orden de 1.265 millones por financiar, esto podría cubrirse con relativa facilidad si la ortodoxia bancaria económica coludida con sus operadores políticos no le habría retirado al Banco Central la facultad de prestar recursos al Gobierno Central.

En consecuencia, ahora hay que recurrir a contribuciones especiales de los grupos económicos y de los grandes contribuyentes, bastaría que aporten con apenas el 2% de los ingresos brutos que tuvieron en 2019 para cerrar la brecha fiscal; de esta forma se haría prevalecer el principio de progresividad, es decir, que contribuyan más los que más tienen (riqueza) y los que más ganan (renta).

En este punto es necesario hacer notar a la ciudadanía que las medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional son solo paños de agua tibia, son tan limitadas que aspiraría a recaudar tan solo 1.200 millones de dólares de millones de asalariados y cientos de miles de capitalistas que obtuvieron utilidades cuando la misma cantidad se puede obtener de un grupo minúsculo de personas naturales y jurídicas privilegiadas.

Además, si el objetivo es sostener el consumo para minimizar la contracción de la producción nacional hay que decir que a mayores ingresos menor proporción marginal a consumir producto local, esto significa, que transferir dinero del 1% más rico al 25% más pobre de la población dinamiza el mercado interno.

No podemos dejar de lado dos problemas adicionales a resolver, la potencial caída de los ingresos fiscales con relación a la programación presupuestaria 2020 y la necesidad de liquidez del aparato productivo para mantener los puestos de trabajo considerando que no podrán operar regularmente durante la cuarentena; estos temas los trataré en los próximos artículos.

LA BATALLA ECONÓMICA (I PARTE)

La principal arma contra el COVID 19 es el aislamiento social que necesariamente implica la paralización casi total de actividades económicas durante al menos dos meses, lo que podría provocar carencias materiales que sumarían sufrimiento y desesperanza al inmenso dolor sentido por las condiciones en las que murieron centenas o quizá miles de personas.

Por esta razón, hay que tomar medidas urgentes asumiendo como premisa que cada ciudadano ecuatoriano debe aportar o ser beneficiario de apoyo apegados al clásico aforismo de “cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades”.

Todos debemos asumir la responsabilidad de contribuir en función de la riqueza acumulada y de la renta generada, es decir, considerando el principio de progresividad; por su parte, quienes controlan los poderes estatales deberán renunciar a defender intereses particulares porque esta vez no está en juego la utilidad anual o la posibilidad de un gran negocio para incrementar el patrimonio personal, lo que está en peligro son preciados bienes intangibles como la paz social.

Juntos debemos evitar que a la crisis sanitaria le siga una peligrosa crisis económica que podría quebrar la dolarización y generar una convulsión social sin precedentes, no podemos llegar a eso.

En este contexto habrá que tomar medidas urgentes para financiar lo inmediato, esto es abastecer adecuadamente al sistema de salud, dotar de liquidez suficiente al sector privado para que sostenga los niveles de empleo, garantizar el pago de las remuneraciones del sector público y otorgar una renta básica a la población que se encuentre en condición de pobreza o pobreza extrema, en síntesis, las acciones fiscales inmediatas deben orientarse a salvar la mayor cantidad de vidas y a sostener el nivel de consumo de la población con el objetivo de evitar un frenazo a raya de la economía.

Para el efecto, hasta que se implementen acciones estructurales para reactivar la economía,  cerrar definitivamente la brechas fiscal y proteger el esquema monetario de la dolarización, es vital que el gobierno canalice los recursos disponibles exclusivamente a los fines establecidos en el párrafo anterior; esto significa, anunciar la suspensión de pagos de la deuda pública y el inicio de negociaciones con los acreedores para un refinanciamiento a largo plazo, los términos en los que se podrían dar las negociaciones los analizaré en un próximo artículo.

El Ministerio de Finanzas ya dio un paso tibio e insuficiente en esa línea al solicitar a los tenedores de Bonos Soberanos un diferimiento del pago de intereses hasta el mes de agosto de 2020.

Según la Proforma 2020, la suspensión de pagos de la deuda pública pondría a disposición del Ejecutivo un espacio presupuestario de 7.735 millones de dólares, una vez restados los 324 millones que puntualmente se transfirieron a los tenedores de Bonos Soberanos en marzo.

Una parte de este monto sería suficiente para atender las necesidades de la emergencia, sin embargo, el análisis no se puede quedar ahí porque es evidente que la ineludible contracción económica global y local generará una reducción de los ingresos fiscales proyectados, reducción que debe ser compensada estableciendo nuevas fuentes de ingresos y recortando otros rubros de gasto distintos al de las remuneraciones de los funcionaros públicos.

En el próximo artículo recogeré y analizaré las alternativas viables que han sido propuestas desde diferentes sectores para financiar el Presupuesto General del Estado en el marco de esta emergencia; por el momento concluyo diciendo que, así como el gran objetivo sanitario es reducir la velocidad de contagios para evitar el colapso de la capacidad instalada del sistema de salud, en materia económica el objetivo es que la contracción sea lo menos profunda posible y el ciclo de reactivación llegue con prontitud.

La OPERACIÓN SOLIDARIDAD debe comenzar ya para enfrentar la emergencia adecuadamente e lograr crecimiento económico con justicia social en los años venideros.