REVOLUCIÓN CIUDADANA 2021: ¿PARA QUÉ ALIARSE?

 En el anterior artículo de opinión, “Progresismo 2021: TAL VEZ SOLO CON EL CORREISMO NO ALCANCE PERO…”, decía que lo más probable es que con cuadros propios en las papeletas electorales 2021 la Revolución Ciudadana posiblemente podría incrementar sustancialmente su presencia legislativa, pasar a segunda vuelta presidencial y disputarla con altas probabilidades de triunfo.

Sin embargo, si el objetivo es apostar a ganar la presidencia en primera vuelta y lograr una mayoría contundente en la Asamblea Nacional posiblemente sea necesario buscar aliados, aunque gran parte de la militancia y simpatizantes del correísmo expresan dudas al respecto por el temor de que nuevamente aparezcan quienes accedan al poder político enancados en los postulados de la Revolución Ciudadana, así como en el liderazgo de Rafael Correa,  para luego impulsar agendas particulares o personales.

En consecuencia, si la Revolución Ciudadana llega a acuerdos electorales será  fundamental establecerlos sobre la base de una agenda progresista de mínimos comunes y con quienes tengan trayectoria en la búsqueda de los objetivos que se planteen; nada garantiza lealtad a un proceso político pero para conservar el voto duro correísta parecería necesario tomar ciertas precauciones que mitiguen el temor a la traición.

Pero los acuerdos con el progresismo no parecen fáciles porque al analizar las posturas de distintas organizaciones sociales y agrupaciones políticas se constata la existencia de agendas diversas, no necesariamente coincidentes, pudiéndose encontrar confluencia fundamentalmente en lo relativo a la economía; así, los colectivos reivindican en general los derechos de cada conglomerado al que representan pero ponen énfasis en la lucha de los miembros que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, lo que generalmente está asociado a la pobreza en términos materiales.

Parecería que solo es posible una acuerdo progresista para las elecciones 2021 en el marco de un potencial ejercicio del poder ejecutivo y legislativo orientado a la consolidación de una economía solidaria, es decir, una economía en la que los excedentes generados se canalicen a la  creación sostenida de empleo adecuado, a la erradicación de la pobreza y a la minimización de la desigualdad; para el efecto, será necesario enfatizar en la distribución y redistribución de la riqueza, en la generación de competitividad fundamentada en la reducción de costos sistémicos, no en la explotación laboral,  y en la garantía de derechos fundamentales como la salud y la educación.

Entonces, la gran agenda progresista 2021 deberá poner énfasis en mejorar sustancialmente y, en el menor tiempo posible, la situación de la población que está en las peores condiciones materiales, es decir, en condiciones de pobreza y extrema pobreza en términos multidimensionales; esto demandará acciones redistributivas urgentes que requieren de voluntad y fuerza política que solo se puede conseguir con la unidad de la izquierda patriótica, por ejemplo, será indispensable elevar la recaudación tributaria proveniente del 1% más rico de la población y de los grupos económicos al menos al 4% de sus ingresos brutos para destinarlos a financiar las preasiganciones en los rubros de salud y educación establecidos en la Constitución. 

En consecuencia, para la pregunta “¿PARA QUÉ ALIARSE?” solo puede ser pertinente la respuesta siguiente: para revolucionar la Revolución, para pasar de la Revolución Ciudadana a la Revolución de la Solidaridad que no solo permita ganar las elecciones 2021 sino sustituir la matriz cultural neoliberal que, fundamentada en el principio de la codicia, ha creado brechas de desigualdad que atentan contra la conviciencia pacífica  en  nuestras sociedades.

¿Será posible asumir estos acuerdos mínimos entre las agrupaciones autodenominadas progresistas? ¿Será posible que los intereses personales de dirigentes políticos se subordinen a estos objetivos colectivos?

Continuará…

PROGRESISMO 2021: SOLO CON EL CORREÍSMO TAL VEZ NO ALCANCE PERO…

Con el advenimiento del nuevo año se advierte un incremento de la actividad de los actores políticos en los territorios, lo que evidencia que la carrera 2021 por la presidencia y la legislatura está en marcha; el desafío para lo sectores progresistas es derrotar en las urnas a la derecha que parecería se decantan por al menos tres candidatos, todos con una misma matriz ideológica, diferenciados por matices en el discurso y porque representan a grupos económicos distintos que disputan la hegemonía oligárquica.

En principio, todas las elecciones presidenciales realizadas en lo que va del siglo XXI ganó un candidato presidencial cuyo discurso de campaña era marcadamente de izquierda y siempre las fuerzas autodenominadas progresistas lograron una presencia importante en el Legislativo, la misma que se tornó contundente con las victorias de la Revolución Ciudadana; es decir, parecería evidente que los ecuatorianos mayoritariamente albergamos principios progresistas.

En consecuencia, si fuera posible una alianza de los partidos y movimientos progresistas la victoria electoral sería más que probable, sin embargo, hay dos factores que limitan esta posibilidad, la heterogénea agenda de los colectivos y las aspiraciones personales de sus dirigentes.

En relación a la agenda, siguiendo lo que dice Daniel Bernabé en su libro la “La Trampa de la Diversidad” es necesario considerar que “desde los años sesenta vivimos un repliegue ideológico en el que hemos ido abandonando la lucha colectiva para entregarnos a la individualidad. El gran invento de la diversidad es convertir nuestra individualidad en una aparente lucha política, activismos social y movilización. La bandera deja de ser colectiva para ser expresión de diversidad, diversidad hasta el límite, es decir, individualidad”.

En este sentido, considero imposible lograr una alianza progresista maximalista que satisfaga las aspiraciones de todos, porque hay temas relativos a libertades individuales (ej. aborto o matrimonio igualitario) que marcan diferencias irreconciliables o, simplemente, porque existen “irrenunciables” intereses corporativos.

Estas legítimas convicciones diferenciadoras o los inaceptables intereses corporativos harán que la izquierda se presente dispersa a la primera vuelta electoral 2021, con lo que el escenario más probable según la información que proporcionan las encuestas, es que el/la candidato/a correísta, pase a la segunda vuelta junto con un aspirante de la derecha, en tanto que la legislatura tendrá una representación fragmentada, en la que las bancadas de los presidenciables finalistas serán las más nutridas.

Entonces, para la segunda vuelta la derecha con el repetido libreto de  “todos contra Correa” intentará captar el voto emocional de sectores que teniendo coincidencias ideológicas con la Revolución Ciudadana las subordinan a su antipatía y hasta odio a Rafael Correa, lo que será impulsado por dirigentes “izquierdistas” que pactan con cualquiera para tener acceso a espacios de “poder” intrascendentes en términos de transformación socioeconómica, pero interesantes para satisfacer determinados intereses particulares.

Así, el resultado final puede favorecer a cualquiera de las partes y SOLO CON EL CORREÍSMO TAL VEZ NO ALCANCE para que gane una agenda progresista pero nadie puede desconocer que la Revolución Ciudadana tiene enorme fuerza electoral y todo puede pasar.

Continuará…

#SerBachiller o No Ser

Un tuit publicado por el precandidato presidencial Guillermo Lasso, reavivó la preocupación generalizada sobre el tránsito de la educación media a la superior. En esta publicación al político se lo observa sucumbir demagógicamente al suspicaz pedido cargado de picardía juvenil de un par de estudiantes que pretendían evitar la evaluación de conocimientos y aptitudes adquiridos durante su formación previa a la obtención del título de bachiller.

Si el debate del tema es asumido con seriedad se podría contribuir a resolver muchos problemas que enfrenta el Ecuador en distintos ámbitos, mientras que tomado como una simple y apresurada oferta electoral incuba un germen destructivo que mina lo avanzando en la siembra de una cultura que busca la excelencia en el ámbito educativo.

El punto de partida para tratar este tema es evidenciar que en Ecuador, a corte de 2018, la tasa de matrícula en educación superior es de apenas el  22%, una de las más bajas de América Latina, en tanto que, la tasa de desempleo juvenil (13,9%)  es tres veces más alta que la media nacional.

Es decir, tenemos un altísimo porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan, a estos se los conoce como los “ninis”; una de las causas estructurales de este fenómeno es la falta de cupos suficientes en las carreras de tercer nivel que posibiliten una adecuada inserción laboral una vez culminadas.

Al analizar comparativamente la oferta académica de tercer nivel en Ecuador  con la  de otros países cuyo sistema de educación superior tiene un mayor nivel de desarrollo relativo se evidencia que existe un déficit de carreras técnicas que respondan a las necesidades de talento humano especializado del sector productivo y de profesionales que presten diferentes servicios que requiere la población en general.

Para saldar este déficit, en el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado, se diseñó un proyecto cuyo objetivo, mediante la inversión de alrededor de 400 millones de dólares, era crear institutos superiores técnicos y tecnológicos que se asentarían a lo largo de todo el territorio nacional para responder a las necesidades del sector productivo y de la población en general. Durante la campaña electoral, el candidato Lenín Moreno convirtió la idea en la oferta de construir durante su mandato estos institutos a los que denominaría universidades técnicas.

La realidad es que durante estos últimos años no se ha invertido prácticamente nada en la ampliación de la capacidad instalada del sistema de educación superior, por lo que un número cada vez más grande de jóvenes son marginados de la formación de tercer nivel y el problema se agravará si se considera que el país hace ya algunos años logró universalizar la educación general básica con la consecuencia de que cada año el número de jóvenes graduados como bachilleres será más grande.

En este contexto, surgen las demagógicas propuestas de eliminar las pruebas de admisión a la educación superior, como que si con eso automáticamente fuera a crecer la infraestructura física de las instituciones, aumentar el presupuesto para incorporar más docentes, o en general, a disponer de los recursos suficientes para atender a decenas de miles de estudiantes adicionales.

En síntesis, el problema no es el proceso de admisión, que indudablemente es perfectible, sino la falta de voluntad política para invertir consistentemente en ampliar la capacidad de las instituciones de educación superior, fundamentalmente de los institutos técnicos que deberán estar dotados de una oferta académica pertinente.

Es irresponsable jugar con las expectativas de nuestros jóvenes ofreciéndoles algo que de antemano no solucionará en absoluto la problemática que enfrentan, si esto es aberrante pues es  más temerario pretender quitarle a la educación media la posibilidad de evaluar  la calidad educativa para con un sólido diagnóstico implementar acciones efectivas de política pública que permitan la mejora continua.

En efecto, el Ser Bachiller es un examen de grado que evalúa los resultados de aprendizaje de cada estudiante con un instrumento cuyo grado de “dificultad” es similar para todos; solo de esta forma se puede establecer cuán heterogénea es la calidad en el sistema educativo, se puede determinar la situación de cada plantel, parroquia, provincia o zona; así es posible tomar acciones específicas para corregir lo que funcione mal y diseñar política pública mucho más efectiva.

En este punto, es necesario que la ciudadanía conozca que son muy pocos los estudiantes que reprueban el ser bachiller, menos del 5%, y que la nota obtenida es solo uno de los componentes de la calificación de grado, es decir, no existe problema alguno con el Ser Bachiller como examen de grado.

Eliminar el Ser Bachiller implicaría volver al diseño de pruebas diferentes que se harían según el gusto de cada profesor, como dicen los jóvenes en su jerga, habrían exámenes “regalados” y otros “cargosos”, habrían colegios en los que prácticamente te regalan el título y otros en los que un profesor mal humorado pudiera exagerar extremadamente en el grado de dificultad de la prueba, provocando que alumnos brillantes bajen injustamente su promedio de grado.

Finalmente, la filtración y difusión masiva de los exámenes Ser Bachiller solo muestra la destrucción de una institución, el Instituto Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa -INEVAL- que hasta hace un par de años fue reconocido internacionalmente por sus capacidades técnicas; esto nos hace pensar que es necesaria una reforma legal para blindarlo de las negligencias y de los nombramientos a dedo que no consideran las capacidades técnicas que deben tener los funcionarios del Instituto.

Entonces que viva la evaluación de la calidad, el SerBachiller y la inversión en educación.

 

LEY ORGÁNICA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ¡DE EMPRENDIMIENTO POCO Y DE INNOVACIÓN NADA!

En un editorial anterior manifesté que la “Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación”, aprobada en segundo debate en la Asamblea Nacional del Ecuador, en poco o nada contribuiría al crecimiento económico del país, porque no tocó las causas estructurales que limitan la consolidación y expansión de nuevas empresas. Si esto es decepcionante, aún más frustrante es constatar que a esta Ley le sobra el término “Innovación” porque no aporta absolutamente nada para incentivar la investigación y desarrollo de nuevos productos, procesos o mercados.

Para comenzar, la gestación y crecimiento masivo de nuevos proyectos empresariales demanda la existencia de mercados competitivos en los que nadie pueda ejercer poder de mercado sobre los emprendimientos, sea como proveedor que encarece los costos, como cliente que presiona a una disminución de precios o como competidor que establece infranqueables barreras de entrada a determinados sectores; en este sentido, la Ley no hace ningún intento de romper el carácter monopólicos y oligopólico de la economía ecuatoriana. Por lo que permanece invariable la posibilidad de supervivencia de las empresas de reciente creación.

Después, la Ley no establece ningún mecanismo para dotar a los emprendimientos de ventajas competitivas, al contrario, estas solo se obtienen cuando se logra la diferenciación en el producto o una estructura de costos sustancialmente menor a los de la competencia y esto únicamente es posible si mediante investigación aplicada se generan innovaciones a las que puedan tener acceso los emprendedores.

En consecuencia, para que una estrategia de fomento de emprendimientos sea exitosa esta debe estar anclada a una política de ciencia, tecnología e innovación que impulse un ecosistema en el que trabajen sinérgicamente la academia, las distintas instancias de investigación científica, todos los niveles de gobierno y los sectores productivos, generando innovaciones en productos o procesos que puedan ser aprovechadas por las nuevas empresas; la Ley no establece ningún mecanismo claro de articulación entre la estrategia emprendedora y la política de ciencia, tecnología e innovación.

En síntesis, las expectativas que el debate legislativo despertó en relación a contribuir con esta Ley al estímulo del empleo y al incremento de valor agregado se convertirán en grandes frustraciones, el tiempo evidenciará que todo permanecerá igual, es decir, miles de ecuatorianos con ilusión implementando su idea de negocio y la mayoría de ellos con tristeza observando que a pesar de su enorme esfuerzo termina cerrando quizá con problemas financieros mayores a los que le motivaron emprender.

No me quedaré en la crítica a la “Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación”, en próximos artículos presentaré las propuestas que fundamentarán un nuevo proyecto de Ley que lo presentaré en vísperas de la finalización de este periodo legislativo, confiado que en la nueva configuración de la Asamblea tengamos una mayoría progresista dispuesta a introducir cambios estructurales que seguramente afectarán a las élites económicas en beneficio de los miles de potenciales nuevos empresarios que tiene el Ecuador.

La nueva propuesta de Ley enfatizará en que, como dice Mariana Mazzucato, “no se trata solo de crear un nuevo negocio, sino de hacerlo de tal forma que cree un nuevo producto, un nuevo proceso, o un nuevo mercado para un proceso o un producto existente”.

LEY DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ¡NO BASTAN LAS BUENAS INTENCIONES!

 Uno de los pilares del pensamiento económico libertario es el postulado de que el éxito material de una persona es consecuencia exclusiva de su esfuerzo individual; Margaret Tatcher decía que “Los problemas económicos se resuelven tan solo animando a la gente a trabajar más y a que produzcan lo correcto”, en versión de los “Best Sellers” de autoayuda todo sería cuestión de una adecuada visualización de ambiciosos objetivos y de persistencia en su búsqueda. En este marco, sin importar el fracasos de miles, el éxito de un emprendedor  se convierte en prueba irrefutable de la validez del dogma.

La Asamblea Nacional de Ecuador contagiada de este ilusionador discurso comenzó el 2020 aprobando la “Ley de Emprendimiento e Innovacción”, una Ley plagada de buenas intenciones que busca facilitar el establecimiento formal de nuevos proyectos empresariales, pero que no toca los causas estructurarles que imposibilitan el crecimiento y desarrollo de los emprendimientos.

Es decir, esta Ley no considera que la consolidación de un emprendimiento no depende exclusivamente de las cualidades personales del emprendedor sino también de la rentabilidad específica del propio proyecto, la que está determinada fundamentalmente por la estructura de mercado en la que opera la iniciativa.

Así, en mercados en los que existe uno o pocos demandantes (monopsonios u oligopsonios) es posible que el emprendedor deba aceptar el precio que le ofrecen, aunque sea insuficiente para cubrir sus costos. Este es el caso de miles de productores agropecuarios o confeccionistas de textiles que se ven obligados a vender su producto a los grandes supermercados o cadenas comerciales, a consignación y a crédito.

Por su parte, en mercados monopólicos u oligopólicos los grandes grupos económicos construyen poderosas barreras de entrada que imposibilitan a los emprendedores ampliar  su capacidad productiva, lo que los hace sucumbir por la imposibilidad de competir, generando economías de escala.

Desde la perspectiva de los costos la situación es similar, dada la dimensión inicial de las operaciones el emprendedor es precio aceptante en la adquisición de materia prima, maquinaria y equipos, más todavía si existen pocos proveedores.

Según Michel Porter, la competitividad depende de la reducción de la vulnerabilidad de la empresa en su relación con clientes y proveedores, así como, de la capacidad de diferenciación del producto en busca de un precio preferencial o de lograr liderazgo en costos, con estas consideraciones, es muy poco probable que la Ley aprobada tenga un impacto importante para la economía ecuatoriana. En su mayoría seguirá sucediendo lo de siempre, muchos nacimientos e ideas de emprendimientos condenados a una muerte temprana y pocos lograrán salir con éxito.

Es indiscutible que el crecimiento económico demanda la creación de muchas nuevas empresas, por lo que las leyes y la política pública deben fomentar el emprendimiento, pero esto solo será posible cuando nos atrevamos como país a desafiar el poder de mercado de los grandes grupos económicos y para eso quizá sea necesario reemplazar la “Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado” por una “Ley Orgánica Antimonopolio y Oligopolio”.

En conclusión, no basta con apelar al espíritu emprendedor de los ecuatorianos para provocar la proliferación de nuevos proyectos, es indispensable romper las estructuras que imposibilitan la democratización del aparato productivo.

 

MIRADAS SOBRE LA PREFECTA EN LIBERTAD

Más allá de las virtudes personales que se pudieran reconocer a quienes nos postulamos a cargos de elección popular por Alianza País hasta 2017 y después por Compromiso Social es evidente que los logros electorales fundamentalmente fueron consecuencia del cobijo político que nos brindó la figura de Rafael Correa Delgado.

Este también fue el caso de Paola Pabón quien era relativamente poco conocida por la ciudadanía antes de su postulación a la Prefectura de Pichincha a pesar de haber sido electa como asambleísta en dos periodos consecutivos (2009 y 2013) y ostentar el cargo de secretaria de Estado desde enero 2016 hasta agosto de 2017.

Pero el triunfo contra todo pronóstico en su carrera por la Prefectura, la visibilidad que le otorgó el gobierno al acusarla sin fundamento sólido de encabezar una rebelión armada y la privación de su libertad sin que la Fiscalía logre mostrar prueba alguna del comentimiento de este delito, le ofrecen a Paola la envidiable oportunidad de provocar el crecimiento de su imagen pública para en adelante cosechar éxitos derivados de sus propias virtudes y capital político.

La prefecta está frente a una bifurcación de su camino político, tendrá que escoger entre el olvido y la trascendencia; el olvido será consecuencia de vivir de coyuntura en coyuntura pretendiendo desde el discurso tener cierto protagonismo en busca de prontos logros electorales, la trascendencia se derivará de la correspondencia entre una voz firme en contra de un gobierno que pone los intereses del gran capital sobre las necesidades no satisfechas de la mayoría y la acción eficiente que resuelve en Pichincha los principales problemas de esa mayoría.

Dadas las competencias de los gobiernos provinciales y la grave problemática de falta de empleo adecuado en el país, con acierto, Paola Pabón ha dicho públicamente que quiere ser recordada como la prefecta que transformó el aparato productivo de la Provincia de Pichincha, si es así, está escogiendo el camino de la trascendencia y relevancia política.

Trascendencia y relevancia porque al cumplir con su palabra de tiempos electorales se diferenciaría de la deslegitimada clase politiquera que hace ofertas en campaña solo para acceder a cargos cuando no tiene ninguna intención de cumplir, porque demostraría que con capacidad de gestión los gobiernos provinciales descentralizados pueden ser protagonistas del desarrollo local sustentable, porque podría convertir a Pichincha en un modelo de transformación productiva sustentado en las MIPYMES y en la economía popular solidaria, porque podría llevar a la Provincia hacia la era del usufructuo colectivo del conocimiento, porque podría demostrar que con más sociedad y mejor Estado es factible hacer posible lo que parece imposible.

Para cumplir con esta misión y encaminar un proceso de esta naturaleza que no sea fácilmente reversible, la prefecta debería comprometerse con ejercer el cargo por los dos periodos de gestión que le permite la Constitución.

Entonces si de trascender se trata será fundamental no sucumbir a los cantos de sirena que la tentarán a que tempranamente busque un cargo público de mayor cobertura territorial sin antes cumplir con los mandantes pichinchanos, el código de ética de la revolución ciudadana debería asumir que nadie pueda aspirar a un nuevo cargo de elección popular sin antes concretar la oferta hecha al pueblo para acceder a determinada función.

Paola Pabón, 41 años, por su capacidad y valores puede tener un tránsito fecundo por la historia del país pero si se dejaría ganar por la inmediatez que se deriva de la ambición personal será una más de las tantas estrellas fugaces que se olvidan con prontitud.

Respeto y admiro a la joven prefecta, además confío en su sensatez y olfato político.

A mis compañeros prisioneros

Querida/os compañera/os:

Ustedes son prisioneros porque se les encarceló sin haber cometido delito alguno, porque se les niega el derecho a que se presuma su inocencia y a que se puedan defender en libertad.

Apenas puedo imaginar lo que están viviendo, apenas puedo percibir la angustia que deben sentir por el sufrimiento de sus familias, apenas puedo dimensionar el valor que en este momento para ustedes debe tener la palabra LIBERTAD; admiro su valentía porque se atrevieron a decir lo que pensaban y ser la voz de decenas de miles de ciudadanos sabiendo que esto podría tener una alto costo personal.

Líderes son los que actúan así, poniendo el interés colectivo por sobre sus propios intereses y muestran que los principios son irrenunciables a pesar de la dureza de las circunstancias. Probablemente la fortaleza que proyectan se inspira en símbolos de las luchas populares como los Mandela, los Gandhi, los Che, las Dilma, los Mujica y tantos otros cuya vida fue testimonio de que la libertad no se pide de rodillas sino que se la conquista a fuerza de verdad.

La verdad nunca permanece oculta y cuando se evidencia doblega a la injusticia permitiendo a las víctimas de la infamia trascender a través de la cristalización de sus ideales, es que la represión en lugar de apagar el espíritu transformador de una persona lo multiplica entre miles o millones.

Debo confesarles que hace pocos días amigos de buen corazón me dijeron que debemos hacer “lo que sea” para que ustedes sean liberados, estoy de acuerdo con ellos, siempre que ese “lo que sea” no signifique traicionar su propia lucha.

Pienso en el rechazo de Lula a salir de prisión mediante argucias legales que dejaban duda de su inocencia; quizá añoraba estar con sus hijos y nietos, quizá la familia pedía que aproveche esa oportunidad, quizá sus coidearios le ofrecían hacer lo que sea para que salga de prisión pero él se negó porque Lula ya no era solo de su familia o de su partido, Lula era del pueblo de Brasil que busca ser liderado por alguien en quien pueda depositar confianza absoluta.

Ustedes ya no son solo de los suyos, son del pueblo ecuatoriano que necesita creer en sus líderes, por eso su libertad solo puede ser conquistada a fuerza de verdad.

Mucha fortaleza compañera/os en estos duros momentos, estamos con ustedes.

Un fuerte abrazo,

Augusto