ASAMBLEA NACIONAL: ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE REIVINDICACIÓN CON EL PAÍS

En una misma semana la Asamblea Nacional debatió la proforma presupuestaria 2020 remitida por el gobierno y su proyecto de “Ley Orgánica para la Simplicidad y Progresividad Tributaria”, quedó en evidencia que el gran objetivo del gobierno se limita a congraciarse con el Fondo Monetario Internacional y con el sector bancario en un intento de sobrevivir surfeando el resto del periodo sobre una gran ola de problemas que amenazan con quebrantar la paz social.

La incongruencia entre el proyecto de Ley y la Proforma Presupuestaria muestra la ausencia de un programa económico integral que apunte a  saldar los desequilibrios macroeconómicos,  peor aún a resolver la falta de empleo, el crecimiento de la pobreza o la profundización de la desigualdad.

Así por ejemplo, mientras en la proforma 2020 el gobierno establece que requiere para el próximo año un financiamiento de aproximadamente ocho mil millones de dólares presenta una proyecto de ley económica urgente con una exigua pretención de recaudación que no alcanzaría a cubrir ni al 10% de la necesidad.

Con este panorama, la Asamblea Nacional tiene una oportunidad histórica de reivindicarse frente al país aprobando una “Ley Orgánica para la Simplicidad y Progresividad Tributaria” así como una Proforma Presupuestaria 2020 radicalmente modificadas para cumplir los objetivos fundamentales de estimular la demanda interna, ósea el crecimiento económico, y garantizar la inversión social.

En este sentido, la Ley debería profundizar la progresividad tributaria incrementando la contribución fiscal de las empresas cuyos ingresos anuales son superiores a diez millones de dólares (1% de todas las empresas) y que acaparan cerca del 70% de la facturación total en el Ecuador; si el impuesto a la renta de estas empresas tendría un piso del 4% de sus ingresos brutos entonces bastaría solo un artículo en la Ley para incrementar la recaudación tributaria en 1.300 millones de dólares. Esta propuesta es absolutamente factible si se considera que la tasa tributaria total del Ecuador es una de las más bajas de América Latina y está muy lejos de la de Estados Unidos o Europa, según información del Banco Mundial.

Es muy probable que de no hacerse la recaudación estos recursos terminen en algún banco de un paraíso fiscal cuando podrían ser utilizados para financiar inversión pública que contribuya a dinamizar el sector privado de la construcción y a quebrar la tendencia de crecimiento tanto del desempleo/subempleo como de la pobreza y la desigualdad.

Otra decisión importante, que garantizaría la sostenibilidad de la seguridad social en el largo plazo y aliviaría la presión de la caja fiscal en el corto, es establecer en la Ley la posibilidad de que las obligaciones del gobierno central con el IESS, ISFA e ISPOL se paguen mediante la titularización de los ingresos futuros de alguna de las centrales hidroeléctricas en operación; esto sería una auténtica “monetización” que cuida el patrimonio colectivo y evitaría la privatización encubierta que ha sido anunciada por autoridades del Ejecutivo. Con este mecanismo se requerirían dos mil millones anuales menos de financiamiento para los próximos años.

También hay que sacar de la propuesta de Ley el artículo 38 que ofrece absurdamente a las empresas de telecomunicaciones la posibilidad de pagar con “proyectos” el uso y explotación del espectro radieléctrico porque con una negociación pensanda en los intereses del país, más que en los de las transnacionales, bien se podrían lograr ingresos de alrededor de mil millones de dólares para el próximo año.

Adicionalmente, hay que recordar que el Ecuador deberá asumir en los próximos años las tecnología 5G y la televisión digital lo que bien aprovechado puede significar interesantes ingresos fiscales, no solo por el cobro por el uso del espectro, sino por las utilidades que podría generar la Corporación Nacional de Telecomunicaciones-CNT-, empresa cuya propiedad debe permanecer en manos de todos los ecuatorianos.

En síntesis, si el proyecto de “Ley Orgánica para la Simplicidad y Progresividad Tributaria” se modifica radicalmente pensando en los intereses del 99% de la población en lugar de en el beneficio del 1% más rico se podría satisfacer al menos el 50% de las necesidades de financiamiento del presupuesto 2020 y, lo que es más importante, reactivar la economía para mitigar las dificultades que está enfrentando el pueblo ecuatorino, dificultades que son una permanente amenaza a la paz social.

Para financiar el 50% restante habrá necesariamente que tener una posición firme con los acreedores para reestructurar las obligaciones y revisar los contratos petroleros para procurar ingresos más justos para los dueños del recurso que somos todos los ecuatorianos.

Para concluir,  si el gobierno decide abandonar su alianza con el Fondo Monetario Internacional y la banca local podría provocar que Alianza País se sume a los sectores progresistas de la Asamblea Nacional para impulsar un programa a favor de la mayoría de ecuatorianos; los votos de la bancada de la Revolución Ciudadana siempre estartán disponibles para defender los intereses del pueblo que es su mandante.

Publicado por

AXEA65

Yo soy hecho en Ecuador. Soy de razón y de pasión de soñar y realizar. Asambleísta Nacional. Función anterior: Ministro de Educación.

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